Sorprendidos nos declaramos muchos colombianos sobre los fallos de la justicia en Colombia. Con la salvedad de que como no todos somos abogados ni tenemos por qué conocer sus vericuetos.
Casos recientes:
El del gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, quien es sancionado y destituido. Y de un día para otro reintegrado a sus funciones. ¡Quien dijo ira en la Procuraduría General de la Nación!
El de los soldados del ejército implicados en la muerte de los diez policías y un civil en zona rural de Jamundí a quienes les rebajan en un cincuenta por ciento las penas a las que habían sido condenados.
El del mismo coronel Plazas Vega sobre el Palacio de Justicia quien veinticinco años después es condenado a treinta años en una determinación que divide la opinión pública y no existe unanimidad de criterios.
Y qué decir de la designación del nuevo Fiscal General de la Nación. La Corte acepta que la terna es válida. Pero van diez reuniones para elegir y no existe una explicación clara sobre el por qué no ocurre. ¿Retaliación, política, fallas? Yo diría que lo primero.
Voy por partes. La justicia cuando actúa, primero, no tiene que consultar la opinión pública. Y segundo, cuando falla, no lo hace pensando en que exista unanimidad nacional en torno a sus conceptos jurídicos.
Lo cierto es que la majestuosidad de la justicia en Colombia y el respeto absoluto por el poder judicial se ha perdido. No solo el de las altas Cortes sino hasta el del más humilde de los juzgados en el país.
No es si no ver el enfrentamiento radical entre sus máximos exponentes y el propio presidente Álvaro Uribe Vélez que sin duda han contribuido a ese desgaste y debilitamiento.
Lo propio ocurre con la organización interna del poder judicial que adolece de una infraestructura que le permita ser ágil, independiente y autónomo. Y la cacareada politización de muchos estrados judiciales.
Si a ello le sumamos el controvertido papel del Consejo Superior de la Judicatura, que para muchos debe desaparecer, se conforma un entorno que en nada favorece la justicia que debería representar el equilibrio del Estado.
Y lo medios, que hacemos de la justicia un espectáculo y trasladamos, muchas veces con desconocimiento absoluto de la mayoría de los periodistas, las decisiones de los jueces, a la picota pública de la justicia del micrófono. Espectáculo.
Se necesitan cambios profundos en el ordenamiento y operación de la justicia en Colombia. Independencia absoluta de los jueces en el país, ajenos a cualquier tentáculo politiquero. Y un papel más educativo y socializador por parte de la prensa, la radio y la televisión.
Porque la farándula está bien que siga en manos de las reinas, hoy presentadoras, pero nunca periodistas y mucho menos analistas -en su mayoría, no todas- de la realidad nacional. Sobre todo en un tema tan profundo como el de la justicia.
Y no, como algunos pretenden, acabar con la tutela, quizá uno de los mayores logros de la Constitución Política de 1991.
